Cuando un funcionario público, juez o autoridad pública, en el ejercicio de sus funciones, emite una resolución a sabiendas que es injusta, está cometiendo un delito de prevaricación. Es de destacar que dicho sujeto da la espalda a su responsabilidad y confianza para con la sociedad y el interés general y, en consecuencia, actúa contra el buen funcionamiento de la Administración Pública. Leer más…